El plan fue anunciado por el Presidente Piñera el 19 de marzo, y contempla un paquete de medidas extraordinarias que movilizarán *US$ 11.750 millones (equivalentes a casi un 4,7% del PIB)

En salud pública, el presupuesto será suplementado con el 2% constitucional para atender gastos que se deriven de la emergencia sanitaria, lo que se suma al fondo especial de $220.000 mil millones que se anunció el fin de semana pasado, cuyo detalle de las medidas de protección del empleo y los ingresos laborales se indican:

Ley de Protección del Empleo

Cuando el trabajador, en el marco de esta emergencia, deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia (teletrabajo), se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, así como el pago de sus remuneraciones por parte de su empleador.

En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo con las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta US$2.000 millones.

El Proyecto permite pactar la reducción de la jornada laboral en hasta un 50%, permitiendo que el fondo solidario del seguro de cesantía complemente los ingresos del trabajador para que estos no caigan bajo el 75% de su renta.

Estas dos medidas, aplicadas en forma conjunta, buscan evitar que se destruyan empleos al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia.

Medidas de liquidez para el sistema productivo.

Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos 3 meses. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700 mil empresas por hasta US$ 2.400 millones en los próximos 3 meses.

Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño. Esto permitirá inyectar liquidez por hasta US$1.500 millones a 240.000 empresas durante el segundo trimestre.

Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes, las cuales recibirán su devolución en el mes de abril. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500 mil empresas Pyme con ventas por hasta UF 75.000 anuales por US$770 millones.
Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las pymes de acuerdo con lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Esto les significará liberación de recursos en caja por US$ 600 millones a 140.000 Pymes.

Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones. La contribución postergada será pagada en tres cuotas, junto con las siguientes tres cuotas de contribución, aplicándose una tasa real de interés 0%. Esto involucra movilizar recursos por US$ 670 millones. El fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios.
Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas en las Pymes y personas de menores ingresos. Se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de pago de deudas tributarias con la TGR, sin intereses, ni multas.

Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año.

Aceleración de pagos a proveedores del Estado. Se pagarán a principios de abril al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$ 1.000 millones, aproximadamente. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.